Proyecto de Ley 261 de 2024 Regulación Redes Sociales

El Proyecto de Ley 261 de 2024, conocido como la Ley de Protección a Menores de Edad en Redes Sociales, plantea un marco regulatorio que busca proteger a niños, niñas y adolescentes de los riesgos asociados al acceso temprano a plataformas digitales. Esta propuesta, actualmente en debate en el Congreso, ha generado un amplio interés tanto en el ámbito jurídico como en la sociedad civil, dado su impacto potencial en el uso de redes sociales en Colombia. Proyecto de Ley 261 de 2024 Regulación Redes Sociales

Contexto y Justificación

El proyecto responde a un aumento preocupante en los delitos cibernéticos en el país. Según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en 2023 se reportaron más de 8.300 delitos en línea, de los cuales 1.400 correspondieron a explotación sexual infantil, con un 82% originado en redes sociales. Frente a estas estadísticas, el senador Esteban Quintero, principal impulsor de la iniciativa, subraya la necesidad de regular el acceso a estas plataformas para prevenir riesgos y proteger a los menores.

A nivel internacional, la propuesta se inspira en medidas como la legislación australiana, que prohíbe el acceso a redes sociales para menores de 16 años. Colombia pretende adaptarse a este enfoque con ajustes que consideren las particularidades del entorno local, como las desigualdades en acceso digital y los desafíos de implementación en zonas rurales.

Principales Medidas del Proyecto

1. Prohibición de Cuentas sin Autorización Paterna

El proyecto establece que los menores de 16 años no podrán crear cuentas en redes sociales sin la autorización expresa de sus padres o tutores legales. Esta medida busca involucrar a las familias en la supervisión del uso de plataformas digitales.

2. “Toque de Queda Digital”

Entre las disposiciones más debatidas está la restricción del acceso a redes sociales entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m.. Esta normativa apunta a limitar la exposición prolongada a las plataformas, protegiendo a los menores de posibles efectos adversos como:

Ansiedad
Depresión
Problemas de autoestima

3. Promoción de Controles Parentales y Educación Digital

El proyecto también propone que se promueva la capacitación en el uso responsable de la tecnología en colegios, así como el uso de herramientas de control parental que permitan supervisar y limitar el acceso a contenidos inapropiados.

Desafíos de Implementación

a. Infraestructura Estatal

Expertos como Mateo Vargas Pinzón, socio director de MPV Abogados, señalan que la efectividad de estas disposiciones dependerá de la capacidad del Estado para garantizar su cumplimiento. Esto incluye la implementación de mecanismos para verificar que las plataformas cumplan con las restricciones establecidas por la ley.

«La ejecutabilidad de la prohibición depende de la infraestructura estatal para verificar el cumplimiento de las plataformas», afirmó Vargas.

b. Brecha Digital

El proyecto enfrenta un reto significativo en las regiones rurales, donde el acceso a internet y a dispositivos tecnológicos es limitado. En este contexto, Jimmy Jiménez, socio fundador de Integrity Legal, advierte sobre la necesidad de mecanismos que garanticen que los menores en estas áreas no queden excluidos.

«Es esencial que el proyecto contemple la capacitación en el uso responsable de la tecnología en los colegios, además de promover el uso de controles parentales», destacó Jiménez.

c. Excepciones para Uso Educativo

Jiménez también sugirió que la ley debería prever excepciones para casos donde los menores necesiten acceder a plataformas digitales con fines educativos, especialmente en entornos donde las herramientas digitales son esenciales para la formación académica.

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Implicaciones para el Sector Jurídico

Desde una perspectiva jurídica, el proyecto plantea interrogantes sobre su compatibilidad con los derechos de los menores. Por un lado, podría interpretarse como una restricción de su libertad de expresión y acceso a la información. Por otro lado, Vargas Pinzón argumenta que estas medidas no deben verse como una limitación, sino como una garantía de derechos.

«Esto debe verse como una complementación y una ratificación de los derechos que tienen los niños y los adolescentes en nuestro país», expresó Vargas.

Asimismo, los abogados deberán prepararse para asesorar a empresas tecnológicas en la adaptación de sus plataformas a los nuevos requisitos legales, así como para representar a familias y menores en caso de disputas relacionadas con la aplicación de estas normas.

El Extracto LitiApp

De aprobarse, el Proyecto de Ley 261 de 2024 podría posicionar a Colombia como un referente en la protección digital de menores en la región. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del Estado para superar los desafíos de implementación y garantizar que las medidas sean inclusivas y efectivas. Para el gremio jurídico, esta iniciativa abre una nueva área de análisis, abarcando tanto la defensa de derechos fundamentales como la responsabilidad de las plataformas digitales en la creación de un entorno digital seguro para las nuevas generaciones.