La Procuraduría General de la Nación está llevando a cabo investigaciones disciplinarias contra los alcaldes de Ibagué, Cali, Riohacha y Valledupar. La causa sería una posible omisión de sus funciones relacionadas con la atención a personas privadas de la libertad en las estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata de sus ciudades. La Delegada para la Protección de los Derechos Humanos presentó un informe con fines disciplinarios tras visitar varios centros de detención de estas ciudades. Lo que llevó a la Procuraduría a abrir investigaciones contra los alcaldes. Procuraduría investiga a alcaldes por omisión en atención a detenidos
El informe reveló que las estaciones de Policía de estas ciudades se encuentran en condiciones alarmantes. Presentan niveles de hacinamiento muy elevados que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas privadas de la libertad. Los alcaldes de estas ciudades son objeto de investigación debido a su posible omisión en la atención y el cuidado de estas personas.
En Ibagué, el alcalde Andrés Fabián Hurtado Barrera está siendo investigado por la ocupación de los centros de detención transitorios. Allí registran una ocupación de 512 personas privadas de la libertad al 8 de marzo pasado, con un nivel de hacinamiento del 731%, mientras que la capacidad máxima de esos establecimientos es de 70 personas. En la Estación de Policía Permanente Central, se ordenó la remodelación gracias a una tutela instaurada por el Ministerio Público. Allí permanecían 372 personas en difíciles condiciones.
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Respecto a Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina Gómez es investigado por el hacinamiento del 477% en las estaciones de Policía. Además, se detectó que las personas privadas de la libertad enfrentan problemas para recibir sus alimentos. También presentan enfermedades en la piel y tienen dificultades para recibir visitas.
Rioacha y Valledupar
En Rioacha, el alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes también está siendo investigado por el hacinamiento del 242% en los centros de detención transitorios. A pesar de contar con solo 50 cupos, al 8 de marzo pasado permanecían en el lugar un total de 121 personas. La Procuraduría detectó en las distintas estaciones problemas para identificar a las personas privadas de la libertad y efectuar su posterior remisión a los establecimientos de reclusión.
Por último, el alcalde de la capital del Cesar, Mello Castro González, está siendo investigado luego de que se evidenciara un hacinamiento del 930% en la Estación de Policía La Permanente. Allí se encontraron 558 personas privadas de la libertad, pese a que las instalaciones solo tienen cupo para 60 personas. Además, no cuentan con un lugar adecuado para recibir visitas, y los agentes deben prestar sus celulares y planes de datos. La única manera para que los detenidos puedan conectarse a sus audiencias judiciales.
La Procuraduría ha solicitado a los mandatarios locales que relacionen las medidas adoptadas desde que asumieron el cargo, si se han realizado mesas de trabajo para abordar esa problemática, así como señalar los compromisos adquiridos y el grado de cumplimiento.
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Procuraduría investiga a alcaldes por omisión en atención a detenidos
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