Priorización del derecho al trabajo sobre el espacio público

La Corte Constitucional de Colombia ha reafirmado la necesidad de equilibrar la protección del espacio público con el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes. Esta decisión se fundamenta en el análisis del caso de una mujer de 72 años, desalojada de un predio público en Cali, donde había trabajado como vendedora informal durante más de 30 años. Priorización del derecho al trabajo sobre el espacio público

La decisión de la Corte destaca la importancia de considerar el principio de confianza legítima, que protege a quienes han dependido históricamente de la venta informal como su principal fuente de ingresos. Este principio constitucional obliga a las autoridades a adoptar medidas que, aunque busquen mantener el orden urbano, no vulneren de manera desproporcionada los derechos fundamentales de los vendedores ambulantes.

Caso de Desalojo en Cali

El conflicto surgió cuando la inspección urbana de policía desalojó a la mujer, impidiéndole mantener su sustento diario. La Corte determinó que esta acción fue inapropiada, pues ignoró precedentes constitucionales que priorizan el derecho al trabajo para los vendedores informales. En su fallo, el tribunal subrayó la necesidad de armonizar el deber de proteger el espacio público con los derechos de aquellos que, bajo el principio de confianza legítima, se han dedicado a las ventas informales.

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Equipo LitiApp

Derechos de los Vendedores Informales

La Corte Constitucional enfatizó que la prohibición del uso del espacio público por parte de vendedores ambulantes no es absoluta. Según la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, las autoridades deben abstenerse de realizar desalojos sin considerar que los vendedores informales son sujetos de especial protección constitucional. En caso de desalojo, es esencial ofrecer alternativas de reubicación o de trabajo para que su mínimo vital no sea afectado.

Procedimientos de Restitución

El fallo ordenó rehacer el procedimiento de restitución de bienes inmuebles de uso público en el caso de la mujer desalojada, proporcionando opciones de reubicación o capacitación en otra actividad económica. Este enfoque integral busca garantizar los derechos laborales y la subsistencia económica de los vendedores informales, al mismo tiempo que se protege el espacio público.

Polémica en Cali

La situación de los vendedores ambulantes en Cali ha generado controversia. Jimmy Núñez, presidente del Sindicato de Vendedores Ambulantes y Estacionarios de Cali, convocó a reuniones extraordinarias ante los rumores de operativos que podrían afectar a estos trabajadores. Núñez criticó a la alcaldía por no establecer una mesa de concertación y diálogo, y recordó que existen leyes y sentencias que protegen a los vendedores informales.

Opiniones y Reacciones

El dirigente sindical reconoció que en algunas áreas de la ciudad, como el Centro, la situación de los vendedores ambulantes se ha descontrolado. Sin embargo, subrayó que esta problemática no es responsabilidad exclusiva de los vendedores. Núñez instó a la alcaldía a buscar acuerdos y aprovechar proyectos piloto para organizar a esta población, en lugar de recurrir a acciones coercitivas.

Por su parte, el concejal Roberto Ortiz apoyó la necesidad de ordenar el espacio público, pero advirtió que no se puede ignorar la realidad del trabajo informal. Ortiz sugirió que cualquier plan de desalojo debe incluir medidas que garanticen la seguridad alimentaria y financiera de los vendedores, como préstamos para invertir en sus emprendimientos. También destacó el riesgo que enfrentarían los vendedores si se retiran arbitrariamente, ya que muchos dependen de préstamos informales para mantener sus negocios.

El Extracto LitiApp

La resolución de la Corte Constitucional envía un claro mensaje a las autoridades sobre la correcta implementación de procedimientos de desalojo, destacando la importancia de considerar los derechos laborales y la subsistencia económica de los vendedores informales. Este fallo no solo reafirma la protección de los derechos de los vendedores ambulantes, sino que también establece un precedente para futuros casos, promoviendo un enfoque más equilibrado entre la protección del espacio público y los derechos de los trabajadores informales.