La reciente huelga de camioneros en Colombia por el aumento del precio del diésel es un tema complejo que pone al gobierno de Gustavo Petro en una situación difícil, enfrentándolo a un reto que refleja su pasado como promotor de la movilización social. Esta vez, en su calidad de presidente, Petro enfrenta un paro organizado por un sector estratégico que no solo afecta la economía del país, sino que también lo obliga a tomar decisiones impopulares. Petro en la Encrucijada: ¿Líder o Manifestante Más?
En los últimos días, el país ha sido testigo de bloqueos y manifestaciones en varias ciudades, organizadas por gremios de transportadores que exigen al gobierno la modificación de la fórmula que determina el precio del diésel, o ACPM. El aumento de este combustible, que representa un costo significativo para los camioneros, ha desencadenado la movilización de miles de transportadores, paralizando importantes rutas y causando preocupación en diversos sectores de la sociedad.
La paradoja de Petro: del apoyo a las movilizaciones a ser su destinatario
Gustavo Petro, antes de llegar a la presidencia, fue uno de los principales líderes que incentivó la movilización social como estrategia para oponerse al gobierno de Iván Duque. Durante los paros nacionales de 2019 y 2021, Petro se solidarizó abiertamente con los manifestantes y criticó duramente la represión policial, posicionándose como un defensor de las demandas sociales. Sin embargo, ahora como presidente, se encuentra en el lado opuesto: enfrentando un paro camionero que desafía su administración.
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La ironía no pasa desapercibida. El mismo Petro que alentó la movilización social como senador ahora tiene que lidiar con una huelga que afecta la estabilidad de su gobierno. La diferencia es que en este caso no se trata de una protesta generalizada contra políticas impopulares, sino de una movilización de un sector específico que busca evitar un incremento que consideran injusto y perjudicial para su actividad económica.
La negociación que no llegó a buen puerto
Desde su llegada al poder, el gobierno de Petro mantuvo congelado el precio del diésel, consciente de su impacto en la economía. Sin embargo, la acumulación de un déficit fiscal de 12 billones de pesos debido al subsidio a este combustible llevó al gobierno a reconsiderar esta medida. A pesar de haber sostenido 13 reuniones con los gremios de transportadores, no se logró un acuerdo que evitara el paro. La principal exigencia de los camioneros era la modificación de la fórmula que vincula el precio del diésel al mercado internacional, argumento que consideran inválido ya que el diésel que se consume en Colombia es refinado mayoritariamente por Ecopetrol, una empresa estatal.
La falta de consenso llevó al gobierno a anunciar un aumento del 20% en el precio del ACPM, lo que desató la huelga. Aunque la administración ha buscado suavizar el impacto del alza con la suspensión de futuros incrementos hasta 2025 y un llamado al diálogo, los camioneros han mantenido su postura firme, negándose a levantar los bloqueos mientras no se atiendan sus demandas.
Un paro desconcentrado y sin liderazgo claro
Uno de los aspectos más complicados de esta huelga es su naturaleza descentralizada. A diferencia de otras movilizaciones, este paro no tiene una cabeza visible ni un liderazgo unificado que facilite las negociaciones. Se trata de una «medusa de mil cabezas», como lo describió Nidia Hernández, directora de Colfecar. Cada gremio y cada transportador, desde pequeños propietarios hasta grandes empresas, tiene sus propias demandas y motivos para unirse a la huelga, lo que dificulta una solución rápida y efectiva.
Esta dispersión de liderazgo también ha complicado las comunicaciones entre el gobierno y los huelguistas. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Transporte para organizar reuniones virtuales y mantener el diálogo abierto, no ha habido avances significativos. El descontento sigue creciendo, y el impacto en la economía se hace sentir con mayor fuerza, especialmente en sectores como la agricultura, que depende del transporte de carga para la distribución de productos.
El dilema de Petro: estabilidad fiscal o apoyo popular
El fondo de este conflicto es una decisión política difícil: Petro debe elegir entre mantener el apoyo popular de un sector clave como el transporte de carga o garantizar la estabilidad fiscal del país. El déficit que el subsidio al diésel genera es insostenible a largo plazo, y la eliminación gradual de este subsidio ha sido una de las pocas medidas económicas de su gobierno que ha sido aplaudida por economistas y expertos en finanzas públicas.
Sin embargo, la forma en que se ha gestionado el aumento del ACPM ha generado críticas. Algunos sectores cuestionan por qué no se buscó una solución más gradual o consensuada con los transportadores, dado que el impacto de un aumento abrupto en el precio del combustible puede ser devastador para los pequeños propietarios de camiones que ya enfrentan dificultades económicas.
Por otro lado, Petro se enfrenta al reto de no ser percibido como un presidente que da marcha atrás ante las presiones de grupos organizados, como ocurrió con Duque durante los paros de su mandato. El manejo de esta huelga será una prueba de fuego para su capacidad de liderazgo y su habilidad para mantener el control en medio de una crisis social.
Conclusión: el desafío de gobernar en tiempos de cambio
El paro de los camioneros por el alza del diésel pone de relieve las tensiones inherentes a gobernar en una democracia donde las demandas sociales y la estabilidad económica a menudo entran en conflicto. Petro, que alguna vez fue un líder de la oposición que promovía la movilización social, ahora debe enfrentar las consecuencias de una protesta que afecta directamente su administración.
Si bien el gobierno ha intentado mantener el diálogo abierto y ofrecer soluciones a corto plazo, el desenlace de esta crisis dependerá de su capacidad para encontrar un equilibrio entre las demandas de los transportadores y la necesidad de preservar la salud fiscal del país. En este momento, la balanza parece inclinarse hacia una posición firme del gobierno, que prioriza la estabilidad económica sobre las concesiones a los camioneros. No obstante, la presión de la movilización social podría obligar a Petro a reconsiderar su postura y buscar una salida más negociada.
Tomo la postura de apoyar la medida del gobierno, aunque cuestiono duramente la actitud del presidente. Petro debe dejar de actuar como un manifestante más y asumir su rol de presidente para gestionar la crisis de manera efectiva. La estabilidad fiscal del país es crucial, y la eliminación gradual del subsidio es una medida necesaria para evitar una crisis económica mayor. Sin embargo, es vital que el gobierno continúe el diálogo con los transportadores y explore mecanismos que mitiguen el impacto del aumento en aquellos sectores más vulnerables.
Petro en la Encrucijada: ¿Líder o Manifestante Más?
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