La Corte Constitucional de Colombia ha emitido una orden al Ministerio de Justicia para llevar a cabo una brigada de socialización del «Protocolo de atención a mujeres rurales para el acceso a la justicia y a la tierra» en Concepción, Antioquia. Esta decisión responde a la tutela presentada por una mujer que buscaba protección de sus derechos al debido proceso, vida digna, paz, tranquilidad y propiedad privada. A continuación, se presentan los detalles y la importancia de este fallo judicial. Corte ordena facilitar el acceso a la justicia de Mujeres
El Caso de Concepción, Antioquia
El 10 de julio de 2023, una mujer del municipio de Concepción, Antioquia, presentó una tutela en su nombre y en el de su hijo contra la Inspección de Policía y Tránsito del municipio. La tutela denunciaba la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, argumentando que ha sido poseedora de unas tierras en la vereda San Pedro junto con su compañero permanente, asesinado el 4 de febrero de 2022 por grupos armados.
Contexto del Conflicto
La mujer explicó que, debido a problemas de orden público, se había mudado a otra ciudad hace siete años, mientras su compañero permaneció en la finca hasta su muerte. Dos días después del asesinato, familiares del hombre ingresaron violentamente a los predios, realizaron modificaciones y se instalaron en la casa, desconociendo la posesión de la mujer sobre la propiedad.
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Rechazo de la Querella
El 4 de abril de 2023, al enterarse de la situación, la mujer interpuso una querella ante la Inspección de Policía de Concepción. Sin embargo, esta fue rechazada, con el argumento de que no tenía legitimidad como dueña del predio y que había caducado el tiempo para ser amparada por el derecho a la posesión de la tierra. A pesar de apelar la decisión, tanto la Inspección de Policía como la Alcaldía de Concepción confirmaron el rechazo, alegando que no se acreditaron las circunstancias que impidieron a la mujer conocer oportunamente los hechos.
Intervención de la Corte Constitucional
Ante la situación, la mujer solicitó el amparo de sus derechos a la Corte Constitucional, que finalmente le dio la razón. La Corte amparó sus derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, en relación con el acceso a la tierra y una vivienda digna.
Ordenes a las Instituciones
La Corte ordenó al Ministerio de Justicia adelantar una brigada de socialización del «Protocolo de atención a mujeres rurales para el acceso a la justicia y a la tierra» en Concepción. Esta brigada debe realizarse en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.
Adicionalmente, el Minjusticia deberá organizar una jornada de capacitación sobre el acceso a la propiedad de la tierra dirigida a autoridades administrativas y judiciales, así como a las mujeres y otros residentes del municipio. La Defensoría del Pueblo también fue instruida para brindar una ruta de acompañamiento jurídico a cuatro mujeres, asegurando que conozcan sus derechos y las alternativas judiciales disponibles, y acompañarlas en los trámites necesarios aplicando un enfoque de género.
Importancia del Enfoque de Género
La Corte Constitucional resaltó que la querella policiva tenía un trasfondo de violencia y amenaza contra la mujer, lo cual ameritaba la aplicación de un enfoque diferencial de género. Este enfoque es crucial para asegurar que las mujeres rurales, que a menudo enfrentan múltiples barreras, puedan acceder efectivamente a la justicia y a la propiedad de la tierra.
Justicia Inclusiva
La implementación de un enfoque de género y la socialización del protocolo específico son pasos esenciales para garantizar una justicia más inclusiva y equitativa. Esto no solo responde a la necesidad de proteger los derechos individuales de las mujeres afectadas, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
El Extracto LitiApp
La decisión de la Corte Constitucional de ordenar al Ministerio de Justicia la realización de una brigada de socialización del protocolo de atención a mujeres rurales y la capacitación sobre acceso a la propiedad de la tierra es un paso importante hacia la protección de los derechos de las mujeres en contextos rurales. Esta medida no solo busca reparar los derechos vulnerados de la mujer que presentó la tutela, sino que también sienta un precedente importante para la atención y protección de los derechos de las mujeres rurales en Colombia.