Recientemente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia tomó una decisión trascendental al abrir una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por una presunta violación de los límites de financiación de la campaña electoral. La decisión fue aprobada con una mayoría de siete votos de nueve, lo que generó un debate sobre la competencia del CNE y las implicaciones para el fuero presidencial. En respuesta a este anuncio, el presidente Petro afirmó que esta medida vulnera su fuero y lo interpretó como un paso hacia un golpe de Estado. Los magistrados que investigan a Petro: ¿Quiénes son?
El contexto de la votación
En la votación, los magistrados César Lorduy, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Cristian Quiroz y Altus Baquero se unieron a Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz para respaldar la ponencia de abrir la investigación. Sin embargo, las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez salvaron su voto, argumentando que el CNE carece de facultades para investigar al presidente en el contexto de su fuero constitucional. Esta divergencia refleja no solo diferencias ideológicas, sino también una interpretación jurídica distinta sobre el alcance de las competencias del CNE en la supervisión de las campañas políticas.
¿Quiénes son los magistrados que votaron en la decisión del CNE?
A continuación, se presentan los perfiles de los magistrados que participaron en esta votación histórica, en la que cada uno, además de votar, tuvo que fundamentar su decisión para evitar ser acusado de prevaricato.
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Magistrados que apoyaron la ponencia de formular cargos
Álvaro Hernán Prada
Representante del partido Centro Democrático, es abogado con especialización en gobierno, gerencia y asuntos públicos, además de políticas públicas y administrativas. Fue representante a la Cámara por el Huila en dos períodos consecutivos. Prada tiene una trayectoria en instituciones como la Caja Agraria y la Fundación por la Paz de Colombia, además de haber ocupado cargos directivos en el Ideam y el Registro Civil.
Benjamín Ortiz
Miembro del Partido Liberal, Ortiz es magíster en derecho disciplinario por la Universidad Libre de Colombia y especialista en derecho electoral y derecho administrativo. Ha trabajado en áreas de derecho disciplinario y electoral, aportando su conocimiento en varios aspectos del marco jurídico que regula los procesos electorales en Colombia.
César Lorduy
Actual presidente del CNE, Lorduy es un abogado afiliado a Cambio Radical, con especialización en derecho ambiental y laboral, además de una maestría en derecho. Con experiencia como representante a la Cámara por el Atlántico, su carrera se ha desarrollado tanto en el sector público como en el ámbito académico.
Alfonso Campo Martínez
Del Partido Conservador, Campo Martínez es un abogado especializado en derecho administrativo, constitucional y ambiental. Su experiencia incluye el rol de defensor público de las Fuerzas Militares y delegado en la Unidad Nacional de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación.
Maritza Martínez
Representante del Partido de la U, Martínez es abogada de la Universidad Externado, con una maestría en Derecho Público y especializaciones en Derecho Público y Disciplinario. Su experiencia profesional se ha dividido entre cargos en el sector público, el litigio y la docencia en derecho.
Cristian Quiroz Romero
Miembro de Alianza Verde, es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y cuenta con especializaciones en derecho procesal y procesal penal, además de una maestría en derechos humanos y derecho internacional de los conflictos armados.
Altus Baquero
Del Partido Liberal, Baquero es doctor en Derecho con especialización en derecho administrativo y gestión fiscal. Es abogado por la Universidad del Rosario y ha trabajado en el sector público y privado durante más de 15 años.
Magistradas que salvaron el voto
- Fabiola Márquez
Representante del Pacto Histórico, es abogada de la Universidad Santo Tomás y administradora pública territorial y municipal. Cuenta con una maestría en justicia constitucional y derechos humanos de la Universidad de Bolonia y una especialización en gestión pública y derechos humanos. - Alba Lucía Velásquez
Afiliada al Polo Democrático, Velásquez es abogada con especialización en derecho laboral y seguridad social, y doctora en derecho por la Universidad Nacional de Mar de Plata, Argentina. Ha desempeñado un papel activo en el ámbito de los derechos laborales y sociales.
Interpretaciones y consecuencias del voto
La decisión del CNE de formular cargos ha suscitado un intenso debate, no solo por el fondo del asunto, sino por las implicaciones de la autonomía y competencias del Consejo frente al fuero presidencial. La controversia se centra en la posibilidad de que el CNE actúe en investigaciones que involucren directamente a la figura presidencial, una cuestión en la que tanto la Constitución como la ley electoral colombiana dejan espacio para interpretaciones distintas. Las magistradas Márquez y Velásquez fundamentaron su voto salvado en que el CNE no tiene competencias para juzgar al presidente en ejercicio, un punto que probablemente será examinado en las próximas etapas del proceso.
Por otro lado, los magistrados que votaron a favor de la investigación respaldan la idea de que el CNE tiene el mandato de velar por la transparencia de los procesos electorales, incluso si ello implica investigar a altos funcionarios del gobierno. Este enfrentamiento de visiones refleja una tensión latente sobre los límites y el alcance de los organismos de control en Colombia y su relación con la protección constitucional del fuero presidencial.