Tribunal de Cali emitió una sentencia en la que resguarda a la población inmigrante
El pasado 13 de febrero de 2024, el Tribunal Superior de Cali emitió una sentencia que marca un precedente significativo en la defensa de los derechos humanos en Colombia. El fallo se centró en el caso de una mujer venezolana con discapacidad intelectual y psicosocial, quien enfrentó múltiples barreras al intentar solicitar refugio en el país. Sentencia en la que resguarda a la población inmigrante
Esta decisión resalta la urgencia de eliminar obstáculos estructurales que impiden el acceso a procedimientos legales fundamentales para personas en situación de vulnerabilidad.
Protección interseccional y ajustes razonables
La sentencia del alto tribunal no solo reconoce la condición particular de la solicitante, sino que además establece la obligación del Estado colombiano de aplicar un enfoque interseccional y de derechos humanos en los trámites migratorios. En otras palabras, se trata de comprender cómo se intersectan factores como la discapacidad, la condición migratoria y el género, para evitar que dichas características se conviertan en barreras para acceder a la justicia.
Entre las órdenes impartidas por el Tribunal, se destacan:
- La implementación de formularios accesibles para personas con discapacidad.
- La capacitación especializada del personal encargado de los procesos de refugio.
- La creación de protocolos inclusivos y equipos de apoyo que garanticen un acompañamiento adecuado durante el trámite.
- El compromiso de diseñar procedimientos más humanos y accesibles, que respeten la autonomía de las personas solicitantes.
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Estas medidas, según el fallo, deben ser lideradas e implementadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad encargada de regular los procesos de refugio en Colombia.
Un precedente judicial sin antecedentes
Este pronunciamiento representa la primera vez que se emite una sentencia que aborda de manera directa y específica la relación entre discapacidad y migración. De ahí su relevancia jurídica y social. El caso fue impulsado por el Consultorio Jurídico y el Grupo de Acciones Públicas del Programa de Derecho de la Universidad Icesi, quienes acompañaron a la mujer venezolana durante todo el proceso.
Mario Cajas, director de la Escuela de Derecho, Gobierno y Globalización de la Universidad Icesi, manifestó que este resultado es una muestra clara del impacto positivo que puede tener el litigio estratégico cuando es realizado por estudiantes comprometidos y guiados por docentes expertos. Según Cajas, «el fallo demuestra que la justicia puede y debe ser accesible para todos, sin importar sus condiciones».
Compromiso con el cambio estructural
Desde el Consultorio Jurídico de la Universidad Icesi se hizo énfasis en la importancia de visibilizar e identificar las barreras sistémicas que enfrentan personas en situación de vulnerabilidad. También se resaltó la necesidad de promover transformaciones reales dentro de las instituciones, de modo que los procesos legales y administrativos no sean excluyentes ni revictimizantes.
Este fallo es, sin duda, una victoria para los derechos humanos, pero también un llamado a la acción para el Estado colombiano, las organizaciones sociales y la ciudadanía. La protección efectiva de los derechos de las personas migrantes con discapacidad exige no solo buenas intenciones, sino también acciones concretas y sostenidas.
El caso de esta mujer venezolana simboliza las luchas de miles de personas que, debido a su condición física, mental o social, son invisibilizadas o discriminadas en los procesos institucionales. Hoy, gracias a esta decisión judicial, se abre una nueva puerta para garantizar el acceso igualitario a la justicia y el respeto por la dignidad humana.
