Senadores pidieron al gobierno bajar las tarifas de energía

En el reciente debate de la plenaria del Senado de la República sobre el costo de las tarifas de energía eléctrica en Colombia, los congresistas de todos los partidos se unieron en la urgencia de abordar la difícil situación que enfrentan miles de habitantes del Caribe colombiano, quienes se ven atrapados en el dilema de elegir entre pagar el servicio eléctrico o cubrir necesidades básicas como la alimentación. Senadores pidieron al gobierno bajar las tarifas de energía

En la intervención del senador Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, se destacó el significativo aumento en las tarifas, fluctuando entre el 31% y el 35%. El senador señaló que esta disparidad se debe, en parte, a la presencia constante de elementos cotidianos como ventiladores y neveras en la región, marcando una clara diferencia con otros departamentos.

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Pineda resaltó que mientras el salario experimenta un incremento del 57%, en el Caribe este incremento se ve limitado al 25%, principalmente debido a los desafíos asociados al costo de la energía eléctrica en la región. Además, subrayó las dificultades de pago en los estratos 1, 2 y 3, que son los más afectados, atribuyendo estas dificultades a la intermediación en el suministro del servicio.

Un negocio de 8.000 millones de dólares al año

El senador Miguel Ángel Barreto, del mismo partido, agregó otra capa al problema al señalar que el mercado energético maneja 8.000 millones de dólares al año, y solo el 1.1% de esa cifra financia el funcionamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos. Este organismo debe supervisar a los 16 millones de usuarios, distribuidos en un 67.6% como regulados y el 33.3% como no regulados. Barreto destacó la dificultad de la superintendencia para cumplir con su obligación de vigilar el mercado eléctrico.

En su turno, el senador José David Name, del Partido de la U, atribuyó parte del problema a la mala utilización de recursos en la empresa Electricaribe durante el gobierno de Santos. Además, destacó la gravedad de la situación en el Caribe, donde los usuarios, desesperados por no quedarse sin servicio, llegan al extremo de perseguir a los empleados de las empresas eléctricas con machetes en mano.

Soluciones Urgentes

El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, enfatizó la urgencia de soluciones a corto plazo por parte del ejecutivo y advirtió que estar en la oposición no implica renunciar al compromiso de encontrar alivio para los habitantes del Caribe.

Efraín Cepeda, del Partido Conservador, resaltó la calidad de vida de los habitantes de la costa, muchos de los cuales viven en la informalidad. Esta situación afecta la prestación del servicio eléctrico, ya que la mayoría de los usuarios, a pesar de las dificultades, dependen de dispositivos como neveras y ventiladores.

Los senadores Antonio Zabaraín (Cambio Radical), Alfredo de Luque (Partido de la U) y Karina Espinoza (Partido Liberal) enfatizaron la necesidad urgente de abordar las altas tarifas de energía eléctrica en el Caribe colombiano. Propusieron reformar la fórmula tarifaria para reflejar la realidad actual y abandonar la estructura tarifaria de hace más de 20 años, que se centra en el manejo de las generadoras térmicas y las intermediarias en la distribución del servicio.

Reformar la ley de servicios públicos

Gustavo Moreno (En Marcha) abogó por una reforma inmediata a la ley de servicios públicos, garantizando el acceso al servicio a las personas de bajos recursos. Alberto Benavides se unió a esta dirección, destacando la importancia de proteger a los campesinos, indígenas, personas de bajos recursos y habitantes de zonas apartadas, donde el servicio eléctrico es intermitente.

La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, cerró las intervenciones planteando la conexión entre el modelo rentístico y la pobreza en la región. Destacó cómo este modelo obliga a los habitantes a asumir todos los costos asociados, incluso si los precios del kilovatio experimentan aumentos significativos, impactando directamente a los usuarios.

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Los congresistas, independientemente de su afiliación política, coinciden en la necesidad urgente de reformas para abordar este problema y proporcionar alivio a los habitantes afectados.