Fue víctima de una estafa por más de 90 millones y ahora es acusado penalmente.

En Colombia, el ingenio de las redes criminales parece no tener límites, especialmente en el ámbito de la compra y venta de vehículos. Las plataformas digitales, que prometen facilitar el acceso a bienes y servicios, también se han convertido en un canal para estafas altamente elaboradas. Este fue el caso de Hernán Agudelo, un ciudadano que perdió una cuantiosa suma de dinero al adquirir un vehículo robado, y terminó enfrentándose a cargos legales en lugar de recibir justicia. Perdió 96 millones en una estafa y ahora es acusado penalmente

Una compra que parecía perfecta

En diciembre de 2023, Hernán Agudelo, un ciudadano residente en Bogotá, decidió aceptar un crédito de libre inversión para comprar un vehículo híbrido que se ajustara a sus necesidades de movilidad. Después de meses de búsqueda, encontró en febrero de 2024 lo que parecía ser una oportunidad inmejorable: un automóvil modelo 2024 a un precio de 96 millones de pesos, considerablemente por debajo del promedio de mercado, que oscilaba entre 108 y 115 millones.

La oferta fue publicada en MercadoLibre, una plataforma reconocida por facilitar la venta de productos entre particulares. Cauteloso, Agudelo realizó las verificaciones básicas. Revisó el historial del automóvil en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y exigió un peritaje, cuyo resultado no presentó ningún problema.

El vendedor, que parecía completamente confiable, coordinó una cita para que Hernán inspeccionara el vehículo. «Lo llevaron hasta mi apartamento en Bogotá, me pareció bien, y aunque ya le habían hecho un peritaje, me mostraron los documentos que validé por mi cuenta. Todo parecía estar en orden», narró.

Confiado, Agudelo decidió formalizar la compra en una oficina de trámites vehiculares. Sin embargo, surgió un pequeño inconveniente: el vehículo tenía impuestos atrasados, lo que impedía completar el traspaso inmediato. El comprador asumió que la empresa intermediaria solucionaría el problema, firmó los documentos y se comprometió a pagar los impuestos posteriormente. En ese momento, no imaginó que acababa de caer en una estafa.

El descubrimiento del fraude

Días después de adquirir el automóvil, Agudelo intentó contactar al vendedor para obtener una copia adicional de las llaves del vehículo. No obtuvo respuesta. Al mismo tiempo, la empresa de trámites vehiculares devolvió los documentos argumentando que las firmas no coincidían. La situación se tornó aún más preocupante cuando un especialista en improntas descubrió que los números de identificación del vehículo habían sido adulterados.

«El peritaje que me entregaron era real, pero pertenecía a otro vehículo. Los estafadores robaron un carro, utilizaron un peritaje válido de un vehículo similar y falsificaron los documentos. Ahí empezó mi calvario», explicó Agudelo.

El automóvil que Hernán había comprado era robado. A pesar de haber pagado el precio completo y confiado en las verificaciones realizadas, ahora enfrentaba una situación legal y económica devastadora.

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Denuncia ante las autoridades: un proceso frustrante

Consciente del fraude, Agudelo presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, el camino para formalizar su queja fue lento y burocrático. Primero intentó hacerlo en línea, sin éxito, y luego acudió presencialmente, donde le indicaron que debía realizar el trámite a través de un sistema con código QR. Tras varios días de espera, finalmente asignaron un fiscal al caso.

A pesar de proporcionar pruebas contundentes y señalar otras publicaciones en línea realizadas por los estafadores, no se tomaron acciones inmediatas. Según la Fiscalía, era necesaria una orden judicial para intervenir. Mientras tanto, los responsables continuaban operando con total impunidad.

De víctima a acusado

En junio de 2024, cuatro meses después de adquirir el vehículo, Agudelo fue detenido mientras intentaba cambiar el automóvil de parqueadero. Durante una revisión, las autoridades confirmaron que las improntas del vehículo eran falsas y que este había sido reportado como robado meses atrás.

Agudelo pasó una noche detenido y fue presentado ante un juez de control de garantías. En un giro irónico, las autoridades lo imputaron por tres delitos: falsedad marcaria, falsificación de documento público y receptación de vehículo robado. Aunque logró obtener libertad provisional al demostrar que había denunciado la estafa previamente, quedó vinculado al proceso penal.

«En cuestión de horas pasé de ser víctima a ser tratado como un criminal. La impotencia y el miedo que sentí son indescriptibles», relató.

El impacto económico y emocional

Además de perder los 96 millones de pesos que había invertido en la compra, Agudelo tuvo que asumir nuevos costos para indemnizar a la verdadera propietaria del vehículo robado. La indemnización ascendió a 12 millones de pesos, para lo cual tuvo que adquirir otro crédito.

«Ya he pagado nueve millones, pero el golpe financiero y emocional ha sido tremendo. Esto no es algo que le desearía a nadie», expresó.

Agudelo también enfrenta el estigma social y las repercusiones psicológicas de haber sido tratado como un delincuente. Mientras tanto, el vehículo permanece inmovilizado en el parqueadero de su conjunto residencial.

¿Cómo operan las redes criminales?

El caso de Agudelo ilustra un modus operandi bien estructurado por parte de los estafadores:

  1. Uso de vehículos robados: Utilizan autos sustraídos y obtienen peritajes reales de vehículos similares.
  2. Falsificación de documentos: Crean documentación falsa que aparenta ser legítima.
  3. Plataformas digitales como MercadoLibre: Publican ofertas a precios atractivos para captar compradores.
  4. Intermediarios de trámites vehiculares: Simulan un proceso formal de traspaso para ganar la confianza de la víctima.

Recomendaciones para evitar ser víctima

Ante el incremento de estos delitos, es crucial tomar medidas preventivas al comprar un vehículo de segunda mano:

  • Verificación en la Dijín: Realizar un análisis técnico de las improntas y la documentación en la Policía Judicial.
  • Contratos autenticados en notaría: Garantizar que las firmas sean válidas mediante autenticación biométrica.
  • Desconfianza de precios bajos: Precios significativamente inferiores al mercado pueden ser señales de alerta.
  • Investigar al vendedor: Revisar la reputación en línea y buscar antecedentes de transacciones previas.

Análisis LitiApp

El caso de Hernán Agudelo es un recordatorio de la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a las redes criminales en Colombia. A pesar de los esfuerzos por buscar justicia, los responsables continúan libres, aprovechando las brechas legales y la inacción de las autoridades.

«Espero que mi historia sirva como advertencia para otros. La sensación de indefensión y el impacto que esto tiene en tu vida son terribles», concluyó Agudelo. Mientras tanto, su lucha por limpiar su nombre y recuperar su estabilidad económica continúa.

Perdió 96 millones en una estafa y ahora es acusado penalmente

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