Los contratos a organizaciones indígenas del gobierno Petro

Desde agosto de 2022, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha firmado contratos con la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) por un valor que supera los $405.000 millones. Estos acuerdos han sido gestionados a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), lo cual ha despertado un debate público sobre la magnitud de estos recursos, su ejecución y la presencia activa de estas comunidades en movilizaciones sociales. Los contratos a organizaciones indígenas del gobierno Petro

La relación entre el Gobierno y las organizaciones indígenas

La Onic y el Cric son dos de las principales organizaciones indígenas del país. La Onic representa a 57 comunidades a nivel nacional, mientras que el Cric agrupa a 115 cabildos del departamento del Cauca. Ambas entidades han sido históricamente activas en la defensa de los derechos de los pueblos originarios y han participado en diversas movilizaciones, entre ellas la Minga Indígena, que actualmente se encuentra en Bogotá como parte del respaldo a las protestas del 1 de mayo.

La ocupación del campus de la Universidad Nacional por parte de la Minga generó un debate mediático y académico. Aunque se esperaba la llegada de entre 2.500 y 4.000 personas, los líderes indígenas afirman que el número ha alcanzado los 15.000. Esta alta asistencia ha generado retos logísticos y cierta tensión con las autoridades universitarias.

Inicialmente, se había acordado que los participantes de la Minga acamparían en la Concha Acústica del campus. Sin embargo, ante las lluvias y las condiciones climáticas, optaron por instalarse en otros espacios, lo que ocasionó bloqueos parciales a algunos edificios.

Logística y apoyo estatal

Leopoldo Múnera Ruiz, rector de la sede Bogotá, informó que la entrada se realizó sin incidentes y que los mismos organizadores indígenas se encargarían de los costos de alimentación y logística. No obstante, la vicerrectora Carolina Jiménez señaló que el Gobierno Nacional asumió compromisos adicionales, como la instalación de baños, duchas y puestos de salud.

El representante indígena en la Cámara, Norman Bañol, expresó su preocupación por la falta de garantías sanitarias por parte del Estado y recalcó que estas movilizaciones no son improvisadas, sino que requieren de una planeación estructurada y una inversión considerable en recursos.

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Los contratos: cifras y destinos

De acuerdo con los registros del Secop, desde agosto de 2022 hasta la fecha, la Onic y el Cric han firmado un total de 96 contratos con entidades del Gobierno Nacional. De estos, la Onic ha celebrado 42 convenios por un valor acumulado de $125.000 millones, mientras que el Cric ha firmado 53 contratos que suman $225.000 millones.

La evolución de los montos también es significativa:

En los últimos cinco meses de 2022 se firmaron contratos por $9.000 millones.
En 2023, la cifra se disparó a $171.000 millones.
En lo que va de 2024, ya se han registrado acuerdos por $57.000 millones.

Particularmente llamativo es el crecimiento del Cric, que pasó de recibir $2.329 millones en 2022 a $91.000 millones en 2023. En 2024, sus contratos han aumentado un 21%, alcanzando los $110.000 millones.

Contratos más representativos

El contrato más reciente y significativo del Cric es por $57.000 millones y tiene como propósito el fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio (Seip). Este rubro educativo le ha generado al Cric ingresos superiores a los $88.000 millones en los últimos dos años.

Por su parte, la Onic ha suscrito tres convenios con el Ministerio del Interior, cada uno por $25.000 millones. Estos contratos tienen como fin fortalecer la Mesa Permanente de Concertación, espacio en el que el Gobierno y las comunidades indígenas dialogan sobre políticas públicas. Dos de estos convenios se firmaron en 2023 y uno en 2024, todos con una duración inferior a seis meses.

El Extracto LitiApp

El incremento en los recursos públicos dirigidos a organizaciones indígenas refleja una apuesta del actual Gobierno por fortalecer los procesos de autonomía y concertación con estas comunidades. No obstante, también plantea interrogantes sobre la gestión, la ejecución y la transparencia en la utilización de estos fondos, especialmente en un contexto político y social marcado por movilizaciones masivas como las del 1 de mayo.

Este tema continuará generando atención mediática y jurídica, no solo por las cuantiosas cifras implicadas, sino también por su impacto en la gobernanza territorial, la participación ciudadana y la consolidación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.