Lenguaje claro en procesos policivos: Sentencia T-311 de 2024
La reciente sentencia T-311 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia ha puesto en el centro del debate jurídico la importancia del uso de un lenguaje claro y comprensible en los procesos policivos. Este fallo, que nace del caso de Víctor, un comerciante informal afectado por la falta de claridad en una decisión administrativa, marca un precedente en la forma en que las autoridades deben comunicarse con la ciudadanía, especialmente en contextos que involucran derechos fundamentales. Lenguaje claro en procesos policivos: Sentencia T-311 de 2024
Contexto del Caso: Víctor y su Lucha por la Comprensión
Víctor, un comerciante informal que vendía bebidas en una caseta ubicada en una vía nacional, fue objeto de una querella policiva en 2022. La concesionaria de la carretera consideró que Víctor estaba haciendo un uso indebido del espacio público, al haber extendido una placa de cemento hasta la autopista. En una audiencia ante una inspección de policía en Ibagué, se leyeron los fundamentos de la querella, y Víctor, sin entender completamente el alcance de la acusación, aceptó su responsabilidad y se comprometió a demoler la extensión de cemento.
Cumplida su promesa, Víctor informó a la inspectora de policía sobre los cambios realizados. Sin embargo, la autoridad, al verificar la situación, consideró que la ocupación del espacio público persistía y continuó con las diligencias para demoler la caseta completa. Esta situación llevó a Víctor a interponer una acción de tutela, argumentando que sus derechos fundamentales al debido proceso, confianza legítima, trabajo y mínimo vital estaban siendo vulnerados.
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La Importancia del Lenguaje Claro en las Actuaciones Administrativas
Al estudiar el caso, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional encontró que el conflicto se originó, en gran medida, por la falta de claridad en la comunicación de la autoridad de policía. Según la Corte, Víctor no comprendió efectivamente la decisión tomada por la autoridad ni el alcance de la responsabilidad que había asumido. Esta falta de claridad no solo afectó la capacidad de Víctor para entender y acatar la decisión, sino que también impidió que pudiera controvertirla de manera efectiva.
La Corte fue enfática al establecer que la falta de claridad en las actuaciones administrativas puede generar una violación del derecho al debido proceso, particularmente cuando el lenguaje utilizado por las autoridades es técnico, especializado o se limita a fórmulas rituales que no son comprensibles para el público general. La sentencia subraya que las autoridades tienen la obligación de expresarse en términos que sean accesibles y comprensibles para todos los ciudadanos, quienes son los destinatarios finales de sus decisiones.
Repercusiones para las Autoridades Administrativas
Este fallo tiene implicaciones significativas para las autoridades administrativas en Colombia. La Corte Constitucional no solo anuló el proceso policivo contra Víctor, sino que también ordenó que, si el proceso se rehace, se garantice la claridad en todos los procedimientos y decisiones. Esto incluye una obligación explícita para las autoridades de ofrecer alternativas de subsistencia a los vendedores informales que puedan ser desalojados, una medida que busca proteger sus derechos al mínimo vital y la confianza legítima.
Además, la sentencia prohíbe cualquier demolición sin que se hayan ofrecido previamente estas alternativas, asegurando así que no se repitan violaciones a los derechos fundamentales como las que sufrió Víctor. Esta decisión refuerza el compromiso de la Corte con la protección de los derechos de los vendedores informales, un grupo vulnerable que a menudo se enfrenta a medidas administrativas sin la debida consideración de sus circunstancias y derechos.
La Invitación a la Red de Lenguaje Claro
Reconociendo que desarrollar actuaciones administrativas con claridad puede requerir un cambio cultural y de habilidades dentro de las instituciones, la Corte invitó a la Red de Lenguaje Claro a apoyar a la Inspección de Policía de Ibagué. Esta red, que promueve el uso de un lenguaje sencillo y accesible en la administración pública, podría jugar un papel crucial en asegurar que las decisiones administrativas sean comprensibles para todos los ciudadanos.
Impacto del Fallo en la Jurisprudencia Colombiana
La sentencia T-311 de 2024 se suma a un cuerpo creciente de jurisprudencia en Colombia que enfatiza la necesidad de que las autoridades actúen con transparencia y claridad. En el contexto de los procesos de recuperación del espacio público, esta sentencia refuerza el deber de las autoridades de garantizar el debido proceso, la confianza legítima y el mínimo vital de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de poblaciones vulnerables como los vendedores informales.
Al exigir que las decisiones administrativas sean comprensibles para el público general, la Corte no solo protege los derechos individuales de personas como Víctor, sino que también fortalece la confianza en las instituciones públicas. En un país donde la desconfianza hacia las autoridades es un problema persistente, decisiones como esta son pasos importantes hacia una administración más justa y accesible para todos.
El Extracto LitiApp
El fallo de la Corte Constitucional en el caso de Víctor destaca la importancia de un lenguaje claro y accesible en las actuaciones administrativas. Este enfoque no solo protege los derechos de los ciudadanos, sino que también promueve una administración pública más inclusiva y comprensible. Al obligar a las autoridades a comunicarse de manera que el público general pueda entender, la Corte está sentando un precedente que podría tener un impacto duradero en la forma en que se llevan a cabo los procesos administrativos en Colombia.
Este caso es un recordatorio de que la justicia no solo depende de la correcta aplicación de la ley, sino también de la capacidad de las personas para entender y participar en los procesos que afectan sus vidas. La sentencia T-311 de 2024 es un paso significativo hacia una administración pública más clara, justa y accesible para todos los colombianos.
