El próximo 20 de julio, durante el inicio de un nuevo año legislativo en el Congreso, el gobierno de Gustavo Petro tiene planeado presentar un ambicioso proyecto de ley destinado a reformar la educación en Colombia. Esta propuesta busca modificar la Ley 30, que actualmente regula el servicio público de la educación superior en el país.
Aunque el texto del proyecto aún está en proceso de construcción, una de las principales propuestas contempla declarar la educación como un derecho fundamental. Esta iniciativa se materializó después de una reunión llevada a cabo el martes pasado entre el presidente Gustavo Petro, la ministra de Educación Aurora Vergara y 64 rectores de universidades públicas, así como de instituciones técnicas y tecnológicas.
La ministra Vergara expresó su satisfacción por el respaldo de los rectores al proyecto y anunció que se espera que la primera versión del borrador sea socializada la próxima semana. Según explicó, hasta ahora han recibido aportes que les permitirán abordar algunos ejes fundamentales en la reforma.
La reforma educativa: hacia una educación como derecho fundamental y enfoque integral
Uno de los aspectos centrales de esta propuesta es otorgarle a la educación el carácter de derecho fundamental. La ministra afirmó que esta visión es compartida por todos los involucrados en la elaboración del proyecto y constituye el eje principal de deliberación en la reforma.
Se presume que la iniciativa abordará principios relacionados con la democracia, gobierno y autonomía, financiamiento, bienestar y permanencia, así como la calidad, inspección y vigilancia en el ámbito educativo.
Además, la ministra resaltó que otro de los enfoques importantes será el sistema de aseguramiento de la calidad y el bienestar universitario. En este sentido, se pretende garantizar que las instituciones de educación superior incluyan de manera estructural el bienestar universitario en la redacción del texto de la reforma, un tema que ha sido ampliamente demandado por los estudiantes.
Es relevante recordar que en 2011, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, se intentó reformar la Ley 30, pero sin éxito. Esto generó grandes movilizaciones estudiantiles, donde estudiantes, profesores, trabajadores y sindicatos expresaron su oposición al proyecto, argumentando que creaba instituciones de educación superior con fines de lucro y promovía una mayor dependencia de créditos a través del Icetex.
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