En un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de los recursos públicos en Colombia, un caso particular ha llamado la atención de expertos y ciudadanos: la Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte (Crit). Esta entidad, creada hace una década, ha recibido más de 20 mil millones de pesos en asignaciones presupuestarias, pero no ha cumplido con su función ni ha ejecutado un solo peso de esos recursos. El caso expone no solo fallos en la gestión pública, sino también cuestiona la eficiencia del gasto estatal en un momento en que se debate el Presupuesto General de la Nación para el 2025. Comisión fantasma acumula $20 mil millones sin operar
¿Qué es la Crit y para qué fue creada?
La Crit fue creada en mayo de 2014 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, a través del decreto 974, como un organismo destinado a regular el sector de infraestructura de transporte en Colombia. Su mandato incluía funciones críticas como la vigilancia de comportamientos monopólicos en el mercado del transporte y la mediación en conflictos entre el gobierno y los transportadores. Además, debía regular tarifas y topes de costos en sectores estratégicos como el transporte férreo, fluvial y la transferencia intermodal. En teoría, la comisión iba a desempeñar un papel clave en la promoción de la competencia y la eficiencia del sector transporte, un componente vital para la economía del país.
Sin embargo, a pesar de la importancia que se le atribuyó en su creación, la realidad es que, hasta la fecha, la Crit no ha comenzado a operar. Según el Portal de Transparencia del Estado, es la única entidad de las 155 registradas que ha ejecutado cero recursos, a pesar de que desde su creación ha recibido asignaciones presupuestales anuales de entre mil y dos mil millones de pesos.
Presupuesto sin uso: 21 mil millones en una década
Desde 2015, el presupuesto asignado a la Crit ha fluctuado entre 1.210 y 2.500 millones de pesos anuales. Si bien el monto destinado a la comisión es relativamente bajo en comparación con otras entidades estatales, el hecho de que no haya ejecutado un solo peso en casi diez años plantea serias preguntas sobre la planificación y el seguimiento del gasto público. En total, desde su creación hasta lo proyectado para el presupuesto de 2025, la Crit ha recibido más de 21 mil millones de pesos.
La situación se vuelve aún más problemática al considerar que el dinero está destinado a gastos de funcionamiento, lo que incluye salarios, oficinas y equipos para una estructura organizativa que, en papel, está compuesta por una dirección ejecutiva, una oficina asesora jurídica, una subdirección administrativa y personal de control interno. A pesar de esta estructura, no hay constancia de que la Crit haya contratado personal o iniciado operaciones.
¿Por qué la Crit no ha comenzado a funcionar?
La pregunta que surge naturalmente es: ¿por qué una entidad que fue creada para cumplir una función tan importante no ha comenzado a operar después de diez años? El Ministerio de Transporte, que debería liderar la puesta en marcha de la Crit, no ha ofrecido respuestas claras. Cuando fue consultado por el diario El Tiempo, los voceros del ministerio se limitaron a señalar que «no ha empezado a funcionar», sin proporcionar detalles sobre cuándo podría hacerlo o los obstáculos que lo impiden.
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La falta de respuestas alimenta las sospechas sobre problemas de gestión pública y planificación. Para la profesora Roxana Contreras, especialista en derecho tributario, el caso de la Crit refleja una ineficiencia en todas las etapas del manejo del Presupuesto General de la Nación. Según Contreras, cuando hay fallas como las observadas en la Crit, se corre el riesgo de que los recursos asignados se pierdan o se utilicen de manera irregular, lo que demuestra la incapacidad del Estado para controlar efectivamente el gasto público.
Posibles irregularidades y el rol de los entes de control
Dada la situación, Contreras sugiere que la Contraloría General de la República y otros organismos de control deberían investigar más a fondo si los recursos asignados a la Crit han sido utilizados de forma irregular. Según la ley, si una entidad no cumple con las funciones para las que fue creada, no debería seguir recibiendo recursos. Si se demuestra que la Crit no está cumpliendo con su mandato, los más de 20 mil millones de pesos asignados podrían haber sido mal utilizados o destinados de manera inapropiada.
Por su parte, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, considera que este caso justifica plenamente la actual discusión en el Congreso sobre el Presupuesto General de la Nación para el 2025. Amorocho afirma que, si la Crit no ha funcionado en una década, los recursos asignados deberían ser considerados como excedentes y reasignados a otras áreas donde realmente se necesiten. Esto también subraya la necesidad de un análisis más detallado del gasto público en Colombia.
El dinero no ejecutado: ¿dónde está?
Un aspecto crucial en este caso es qué ocurre con los recursos que no han sido ejecutados. De acuerdo con la normativa vigente, el presupuesto es anual y los recursos no utilizados al cierre del año fiscal expiran. Los saldos no ejecutados, conocidos como “sobrantes de apropiación”, son gestionados por la Subdirección de Tesorería del Ministerio de Hacienda, que tiene la responsabilidad de invertir esos fondos para obtener rendimientos financieros. Esto garantiza que el dinero no pierda poder adquisitivo, pero también significa que los recursos destinados a la Crit podrían haberse estado acumulando sin un uso claro. Comisión fantasma acumula $20 mil millones sin operar
La profesora Contreras y otros expertos advierten que esta situación es preocupante, ya que no hay garantías de que los recursos sin ejecutar se estén utilizando de manera efectiva o transparente. Si bien el Ministerio de Hacienda asegura que la ejecución del presupuesto se acelera hacia el final del año, incluyendo pagos como primas y otros compromisos, la falta de claridad sobre el destino final de los fondos alimenta la desconfianza en la gestión pública.
Lecciones y posibles soluciones
El caso de la Crit es un ejemplo claro de los problemas estructurales en la planificación y ejecución del presupuesto en Colombia. Expertos como Amorocho señalan que, antes de aprobar el presupuesto para el 2025, es esencial que tanto el Congreso como el Ministerio de Hacienda realicen un análisis profundo de las necesidades reales del Estado y los montos que se deben asignar a cada entidad.
Además, casos como este ponen de relieve la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública. La Contraloría y otros organismos de vigilancia tienen un papel fundamental en garantizar que los recursos asignados sean utilizados de manera eficiente y que las entidades cumplan con su función. Si se permite que entidades “de papel” como la Crit continúen recibiendo recursos sin cumplir con su mandato, se corre el riesgo de que el gasto público en Colombia se convierta en un mecanismo ineficaz y poco transparente.
En conclusión, la Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte es un ejemplo preocupante de cómo los recursos públicos pueden ser asignados a entidades que, en la práctica, no cumplen ninguna función. A medida que se debate el Presupuesto General de la Nación para el 2025, este caso debe servir como un recordatorio de la importancia de la planificación, el control y la transparencia en el uso del dinero público.
Comisión fantasma acumula $20 mil millones sin operar
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