Cada 11 horas hay un feminicidio en Colombia- Directorio de Abogados Colombia

En Colombia, la violencia basada en género sigue siendo un problema estructural y alarmante que afecta a miles de mujeres. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, entre enero y octubre de 2024, se reportaron 648 feminicidios, 65 de los cuales fueron contra menores de edad. Estos datos, aunque impactantes, apenas rascan la superficie de una problemática compleja que involucra factores culturales, institucionales y jurídicos. Cada 11 horas hay un feminicidio en Colombia

Este artículo analiza el panorama actual desde una perspectiva jurídica y social, explorando las causas estructurales, las implicaciones del marco legal vigente y las oportunidades de mejora que pueden surgir desde el ámbito legal y judicial.

Un problema que trasciende las estadísticas

La violencia contra las mujeres no es solo un problema numérico; es una manifestación de desigualdades históricas y persistentes en la sociedad colombiana. En palabras de Katerin Jurado, directora de Sisma Mujer, “cada 11,2 horas, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer o por su identidad de género”. Este dato refleja la gravedad de un problema que, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, está en constante aumento.

El feminicidio, como la forma más extrema de violencia de género, no es un fenómeno aislado. Es el resultado de una serie de agresiones que muchas mujeres enfrentan simultáneamente: violencia sexual, intrafamiliar, económica y psicológica, entre otras. Estos patrones de violencia están profundamente arraigados en normas culturales que perpetúan la subordinación de las mujeres, normalizando los ataques cuando ellas deciden tomar el control de sus vidas.

La deuda del Estado y el marco jurídico colombiano

Aunque Colombia ha avanzado significativamente en la tipificación y regulación de la violencia de género, el sistema jurídico enfrenta desafíos importantes en su implementación. La Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely) estableció el feminicidio como un delito autónomo, y la Ley 1257 de 2008 introdujo medidas para prevenir y sancionar diversas formas de violencia contra las mujeres. Sin embargo, estas normativas no siempre se traducen en justicia efectiva. Según cifras de la congresista Carolina Arbeláez, el 77% de los casos de feminicidio investigados no logran resoluciones satisfactorias.

Este vacío de ejecución pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la capacidad institucional y de mejorar la coordinación entre las autoridades locales y nacionales. Además, es crucial garantizar presupuestos sensibles al género que permitan una intervención más efectiva.

El rol del conflicto armado en la violencia contra las mujeres

El conflicto armado colombiano ha exacerbado las formas de violencia contra las mujeres, en especial la sexual. Entre las 32,092 víctimas de violencia sexual registradas en el contexto del conflicto hasta 2020, el 91% fueron mujeres. Esta forma de violencia, utilizada como arma de guerra, no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también refuerza la impunidad, ya que los perpetradores rara vez reconocen sus crímenes.

La falta de justicia en estos casos es un recordatorio de que el conflicto armado no puede separarse del contexto de violencia estructural contra las mujeres. Las mujeres en zonas afectadas por el conflicto enfrentan riesgos adicionales, y las soluciones jurídicas deben considerar estas realidades.

El papel de la sociedad y los medios de comunicación

Además del marco jurídico, la sociedad colombiana tiene un rol fundamental en la erradicación de la violencia basada en género. Según Susana Mejía, directora de la Red Nacional de Mujeres, los estereotipos y normas machistas persisten en la música, los medios de comunicación y otras expresiones culturales, perpetuando la idea de que los hombres tienen control sobre las vidas de las mujeres.

La responsabilidad de los medios de comunicación no debe subestimarse. La narrativa mediática puede influir en cómo la sociedad percibe la violencia de género, ya sea normalizándola o condenándola.

Oportunidades desde el ámbito jurídico

Desde la perspectiva de los abogados y operadores judiciales, hay varias estrategias que pueden contribuir a combatir la violencia basada en género:

Capacitación en género para funcionarios judiciales: Aumentar la sensibilidad y el conocimiento sobre violencia de género entre jueces, fiscales y policías puede mejorar la atención a las víctimas y la resolución de casos.
Litigio estratégico: Promover casos emblemáticos que expongan deficiencias del sistema y logren precedentes favorables puede ser una herramienta poderosa.
Fortalecimiento del acceso a la justicia: Es crucial garantizar que las mujeres, especialmente en zonas rurales, puedan acceder a mecanismos judiciales de manera oportuna y efectiva.
Monitorización y evaluación del sistema: Crear observatorios independientes que evalúen la implementación de leyes existentes podría ayudar a identificar puntos de mejora.

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El feminismo como base para un cambio estructural

El feminismo, a menudo malinterpretado, es esencial para abordar las raíces de la violencia de género. Este movimiento no busca confrontación, sino igualdad. Según Mejía, el feminismo beneficia tanto a mujeres como a hombres al desmantelar estereotipos perjudiciales para ambos géneros.

Sin embargo, para que el feminismo sea efectivo en el contexto colombiano, es necesario un cambio cultural que trascienda las leyes. Este cambio requiere educación, una representación igualitaria en todos los niveles de poder y un compromiso colectivo para erradicar las violencias basadas en género.

Conclusión

La violencia contra las mujeres en Colombia es un problema complejo que requiere una respuesta multifacética. Aunque el país cuenta con un marco legal progresista, la implementación efectiva sigue siendo un desafío. Desde el ámbito jurídico, los abogados pueden desempeñar un papel clave no solo en la defensa de las víctimas, sino también en la promoción de cambios estructurales.

La erradicación de la violencia basada en género no es solo un objetivo legal; es una necesidad moral y social. Para lograrlo, se requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad, incluidos los operadores jurídicos, los medios de comunicación y las instituciones públicas. Solo entonces podrá Colombia aspirar a ser un país más justo y equitativo.