Ajuste de Cuentas en la Bonita

Durante la administración de Bucaramanga en vigencia del burgomaestre denominado el Pastor, se ha desbocado y recrudecido la criminalidad y delincuencia en la ciudad bonita. Especialmente puede verse como un hecho tangible, el aumento potencial de los homicidios mediante el sicariato, situación que se está volviendo el pan de cada día en la ciudad, y pareciera que a la autoridad administrativa poco le interesa esclarecer los crímenes, pero que posa en las fotos cuando de atribuirse resultados positivos se trata. Ajuste de Cuentas en la Bonita

Al administrador saliente por la declaratoria de nulidad de su elección, durante su mandato ha sido cotidiano verle en los medios aludiendo al origen y causa de los sicariatos, indicando que en su mayoría dichas conductas delictivas obedecen a lo que denomina “ajuste de cuentas” entre bandas y sujetos delincuenciales.

En el mismo horizonte los Medios tradicionales de la ciudad, quienes en sus titulares noticiosos indican una tendencia a la baja de los índices de inseguridad en el municipio, sin embargo, a su vez, en los artículos que acompañan los encabezados, resaltan el aumento de homicidios, surgiendo una disparidad en tal sentido, que confunde la opinión pública, que en últimas pareciera que tratan de lavar un rostro.

Recuerdo que el eslogan y la propuesta central de campaña del saliente alcalde, se fundamentó en la seguridad, que de manera concreta ha fallado.  En consecuencia, la ciudad hoy por hoy es un caos, sumida en la intranquilidad de los ciudadanos, porque a pesar de que se publicite la tendencia a la baja de inseguridad, la percepción ciudadana al respecto dista ampliamente de dicha publicidad.

Cuando no se culpa al gobierno nacional (que si tiene responsabilidad), entonces Los sicariatos obedecen a “ajustes de cuentas”. se generan así varios cuestionamientos; si hay ajustes de cuentas entre delincuentes, ¿NO QUIERE DECIR ESTO, QUE LOS FLAGELOS DELICTIVOS ESTÁN DESBORDADOS?, quieren hacer ver que los sicariatos per se, son hechos aislados al desarrollo de la dinámica delictiva y su crecimiento, y pareciera que se pretende calar el mensaje, de que se tiene licencia furtiva entre criminales para ajusticiar a sus pares. Sin decir que los homicidios y el sicariato pueden ser consecuencia de flagelos como la extorsión, hurto, tráfico de estupefacientes entre otros.

Sustentan hipótesis únicas, en anotaciones o antecedentes judiciales en el récord de las víctimas, dictando entre líneas, el merecimiento de las ejecuciones sicariales, al mejor estilo de los pensamientos paramilitares que han hecho carrera social.

Es importante resaltar entonces, que por mandato constitucional la fiscalía general de la nación no solamente tiene el deber sino también la obligación de investigar.

“Artículo 250 constitución política reformado mediante el acto legislativo 003 de 2002.

 La fiscalía general de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio”.

Desde esta perspectiva, deben adelantarse las investigaciones encaminadas a dilucidar las causas, por supuesto la determinación de los responsables y la aplicación de las consecuencias jurídico-punitivas.

Por fortuna el burgo maestre, no es el fiscal encargado de investigar los sicariatos, pues de haber sido así, los casos se encontrarían con orden de archivo en el casillero celestial del pastor.

Ahora bien, dicho lo anterior sin que se entienda como activismo o campaña política, La situación actual en la ciudad de los parques, es insostenible cuando de seguridad y percepción de la misma se trata, durante el año 2025 afirma el Observatorio de Seguridad- Convivencia, Acceso a la Justicia Policiva y Familiar -Secretaría Del Interior  de la Alcaldía de Bucaramanga, que hubo una reducción respecto de la anualidad 2024, de un 12,07% en el flagelo de homicidios, cifra oficial y que por supuesto creemos en la buena fe de la administración cuando de dar cifras se trata, sin embargo, escuchamos cotidianamente de la comisión de homicidios en Bucaramanga y su área metropolitana, situación preocupante que no se puede normalizar.

Lo anterior demuestra, que la política criminal establecida está fallando, pues a pesar de la responsabilidad de las administraciones de turno (locales, regionales y nacionales), es el estado quien tiene a su cargo el desarrollo de la política criminal, que es llanamente el establecimiento de un conjunto de medidas y acciones encaminadas a dos puntos principales entre otros, 1- la base primaria que es la PREVENCIÓN de la comisión de conductas delictivas, y como segundo punto 2- la REPRESIÓN o castigo de las mismas.

Vemos entonces, utilizando de ejemplo a la ciudad bonita, cómo esa política fracasa en el intento. Así se observa que ninguno de los dos puntos principales ha logrado su finalidad, pues por un lado siguen apareciendo cadáveres y por el otro, los procesos judiciales adelantados no cumplen a cabalidad con el fin de hacer justicia. Reconozco que no en todos los casos es inoperancia e inactividad de la administración de justicia, pues dentro de la política criminal se emplean unas herramientas e instrumentos como es la ley, entendiéndola como la encargada de permitir, prohibir y sancionar, siendo la ley el trebejo de la administración de justicia en aplicación de la sindéresis. En el mismo horizonte se encuentra el raquitismo penitenciario, contemplando que los cabecillas de bandas dedicadas al microtráfico siguen delinquiendo y liderando sus organizaciones desde las diferentes cárceles del país.

Lo anterior, aunado a la mora judicial, nos lleva a poner sobre la mesa, la necesidad urgente de una reforma estructural de la justicia, encaminada a la potencialización de la política criminal del estado, que permita una verdadera prevención del crimen, la baja del índice de impunidad y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a las víctimas.

Esperemos que el Consejo Superior de Política Criminal, se atreva a ir más allá y no termine siendo solo un organelo consultivo.

AJUSTE DE CUENTAS EN LA BONITA

#OpinoEnLitiApp

Los comentarios, textos, investigaciones, reportajes, escritos y demás productos de los columnistas y colaboradores de litiapp.com no comprometen ni vinculan bajo ninguna responsabilidad a la sociedad comercial controlante del medio digital, toda vez que en el libre desarrollo de su profesión, pueden tener opiniones que no necesariamente están acorde a la política y posición del portal.